Carlos Álvarez Acevedo @CarlosAlvarezMX
En la ciudad fronteriza bajacaliforniana venden souvenirs, en los cuales es recurrente que esté inscrita la frase: "En Tijuana empieza la Patria". Lo mismo en playeras, que en tazas de cerámica, tan frágiles como un partido político que sólo se sostiene por el liderazgo de un hombre.
El 9 de junio del 2019, en esa icónica ciudad del estado de Baja California, en la que se levanta una valla fronteriza que la separa de EE.UU., se llevó a cabo el llamado "Acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos".
El evento fue un show político en el que participaron alrededor de 20 mil personas, encabezadas por el presidente López Obrador, para “celebrar” el acuerdo que evitó la imposición de aranceles a los productos mexicanos por parte de su homólogo estadounidense Donald Trump.
En el montaje a escena -que ya estaba previsto antes de cerrarse el acuerdo entre ambos gobiernos y que tenía como objetivo “reivindicar la unidad de los mexicanos frente las amenazas” del magnate neoyorquino- participaron casi todos los gobernadores de entonces, además de legisladores y empresarios.
También estuvo presente Marcelo Ebrard, cuando todavía Trump, ni su yerno Kushner, revelaban que el canciller mexicano se había “doblado” durante las negociaciones en la Casa Blanca, aceptando que el Gobierno de México desplegara decenas de miles de soldados en ambas fronteras para contener la migración.
Sin embargo, no todo fueron vivas y loas para López Obrador y sus funcionarios. Al pastel -con todo y velitas encendidas- le cayó una mosca, cuando Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la 64 Legislatura, hizo tremenda crítica a la doble moral de la “cuarta transformación”.
“Lo que es en mi criterio inmoral e inaceptable es el doble rasero entre la frontera norte y la del sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas; y por el otro lado sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a los Estados Unidos”, señaló Muñoz Ledo, quien debe ser de los pocos personajes al que López Obrador les tema. El otro es Trump.
El decano político -que colocó la banda presidencial al tabasqueño- es el único que tiene los tamaños morales para criticar realmente a Andrés Manuel, ello ante el silencio del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, quien cada día pierde más su lugar en la historia. Sí, se ve muy lejano ya el movimiento del 88, que dio inicio a la transición.
Además de sus excelsos tacos de carne asada, en Tijuana también se dan disputas locales que hacen temblar a la dirigencia nacional de Morena. Tan es así, que Mario Delgado tuvo que redactar con prisas un insólito desplegado firmado por 21 de los 22 gobernadores de la “4t” (nótese que la “transformación” va en minúsculas).
En todos los desplegados anteriores, Delgado y sus mandatarios estatales habían defendido a AMLO de todo lo que se les ocurriera, pero nunca antes a otra gobernadora o gobernador, y mucho menos por los dichos de un senador militante de Morena, que en su caso también gobernó Baja California.
De ese tamaño fue el temor de Mario ante los dichos del senador Jaime Bonilla, quien, sin duda, debe de saber mucho de los arreglos con el narcotráfico, ya que él también fue acusado por el CJNG -en el año 2021-, de haber realizado pactos con el Cártel de Sinaloa y los Arellano Félix, cuyos actos criminales tanto daño han causado a la sociedad bajacaliforniana.
Mario Delgado reprobó lo dicho por Jaime Bonilla, que había responsabilizado a su sucesora, la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de los hechos de violencia ocurridos en los municipios de Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada, cuando criminales incendiaron 24 vehículos privados y unidades del transporte público.
"Está ahí la derecha, tratando de desprestigiarnos con una hipótesis de tratar de vincular a nuestros gobiernos al crimen organizado. Y ahora resulta que un supuesto compañero del Movimiento viene y hace esas acusaciones. Por supuesto tenemos que rechazar esas acusaciones vengan de dónde vengan, incluso de supuestos compañeros del Movimiento", sostuvo Delgado.
"Agradecer al resto de los medios de comunicación que fueron serios, brindando la información de manera oportuna, al pueblo de Baja California, que lo que requería en ese momento era unidad y no la utilización política de la violencia", dijo la actual gobernadora en una serie de tuits, en clara referencia a la televisora local PSN, propiedad de Bonilla, en la cual trabajó, por cierto, Lourdes Maldonado.
La periodista había entablado una demanda laboral en contra de Bonilla Valdez, quien se negaba a darle el salario que le correspondía. “Después de 9 años, simplemente ya: o me paga o pongo al descubierto que nunca ha pagado impuestos el tipo ese. Ni Infonavit, ni SAT, ni nada. Yo trabajé con él seis años y nunca me pagó seguro, ni SAT, ni INFONAVIT, ni impuestos y no paga Hacienda”, advirtió Maldonado, según el contenido de un audio.
Lourdes había logrado ganar la causa judicial y debía ser indemnizada con más de medio millón de pesos. Cuatro días después, el 23 de enero del 2022, la periodista fue asesinada con disparos de arma de fuego a plena luz del día, afuera de su casa, en Tijuana, ello a pesar de que estaba bajo la supuesta tutela del mecanismo local de protección a periodistas.
Casualidad o no, el asesinato de Lourdes le impidió revelar las irregularidades financieras y fiscales de las que acusó a Bonilla. La periodista había asistido, en 2019, a la conferencia de prensa matutina de López Obrador en Palacio Nacional, para rogar al presidente que la ayudara por las amenazas que había vertido contra ella el entonces gobernador de Baja California.
No obstante, el político tabasqueño deslindó a su compañero de partido del homicidio de Maldonado, lo que significó una doble victimización para la comunicadora, ya que Andrés Manuel no le dio validez a la denuncia que valientemente ella hizo cuando estaba viva, pero tampoco después, cuando la asesinaron. Era tal el poder de Bonilla, que un presidente lo defendía.
Los únicos que le habían hecho frente al ahora senador, fueron los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes, en mayo del 2020, decidieron, por unanimidad, que era inconstitucional la reforma con la cual se pretendía extender el mandato del entonces gobernador de Baja California, de dos a cinco años.
Los ministros de la SCJN afirmaron que la llamada “Ley Bonilla” era un “atropello al voto popular”, pasando por la repetida conclusión de que se trataba de un “fraude a la Constitución”, hasta llegar al punto de acusar una “maquinación” y una simulación para burlar la contienda electoral y avalar, de facto, una reelección.
Una hora y media bastó a los ministros de la Suprema Corte para exponer las razones por los cuales concluyeron que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California violaba principios básicos de la Constitución, pero también para calificarla de una amenaza y de un artero retroceso democrático.
La posición más dura fue la del propio presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, quien incluso responsabilizó al Poder Legislativo de Baja California de confabularse con Bonilla para “burlar” la voluntad popular y corromper las reglas del sistema electoral.
Sin duda, Bonilla seguirá siendo poderoso y no dejará de atacar con un odio machista a Marina del Pilar, hasta que la Administración de la actual gobernadora no retire las acusaciones de corrupción que pesan contra el senador, entre ellas por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, por dar una concesión a la empresa Next Energy, para construir una planta fotovoltaica en Baja California.
Reitero: en Tijuana comienza la Patria… y también la fractura de Morena, un partido que como una taza utilizada para souvenir, se puede resquebrajar con el menor golpe, y cuyo único pegamento es López Obrador. Un movimiento en el que se pelean a muerte por las posiciones de poder y también por dejar en claro quién es el menos corrupto de todos sus militantes.
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