Carlos Álvarez Acevedo @CarlosAlvarezMX
“Estoy ahorita en plenitud del pinche poder. Tengo el Gobierno en la mano”, se escuchó decir en algunos audios, difundidos en junio de 2010, al entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en referencia al apoyo económico, desviado desde el erario público, que le estaba dando a candidatos del PRI, entre ellos a Javier Duarte de Ochoa, quien sería su sucesor y que ahora está preso por diversos delitos.
Herrera Beltrán pertenece a la misma camada de políticos mexicanos que permanecieron en la cumbre del poder durante la primera década del Siglo XXI. En 2008 gobernaban, simultáneamente, Felipe Calderón Hinojosa, como presidente de la República, y Marcelo Ebrard Casaubón, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Ambos supuestamente representan dos proyectos políticos diferentes y contrapuestos. El primero ligado al conservadurismo de la derecha y el segundo a la izquierda liberal que impulsó políticas públicas como el derecho al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la capital de la República.
Hasta hace poco, Ebrard Casaubón regresó de su auto exilio y fungió como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En la actualidad es una de las llamadas “corcholatas” presidenciales de la “cuarta transformación”.
El 10 de diciembre de 2006, a un mes del inicio de su sexenio, Calderón Hinojosa declaró una ofensiva total contra los cárteles de la droga en México, dando oficialmente inicio a la coloquialmente denominada “guerra contra el narcotráfico”. Al día siguiente envió 6 mil 500 elementos federales de seguridad a Michoacán.
Para acabar, entre otros, con el Cártel del Milenio, la Familia Michoacana y Los Zetas, enemigos del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, de quienes su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recibió sobornos millonarios en dólares, para brindarles protección y dejarlos delinquir libremente, motivos por lo que hoy se encuentra preso en Estados Unidos, no en México.
Mientras Calderón Hinojosa le daba un garrotazo al avispero, logrando que la violencia se extendiera a todo el país, Ebrard Casaubón confiaba la seguridad de la capital de la República a un médico cirujano, Manuel Mondragón y Kalb -que después fue funcionario en el gabinete de su perseguidor Enrique Peña Nieto- y dejaba la procuración de justicia de la Ciudad de México a un joven e inexperto abogado: Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien sería su sucesor, pero que al llegar al poder lo traicionó.
En febrero de 2008, Alejandro Martí García vendió, por 3 mil 300 millones de pesos, el 44.44 por ciento de las acciones de Grupo Martí -con sus tiendas de artículos deportivos y la cadena de clubes de fitness Sport City-, al empresario Alfredo Harp Helú.
Cinco meses después, el 4 de junio de ese mismo año, un grupo de delincuentes vestidos de policías federales, denominados como el grupo de “La Flor”, privaron de su libertad a su hijo Fernando Martí Haik, de 14 años de edad, mientras se dirigía a su escuela secundaria en la Ciudad de México, a bordo de un automóvil conducido por su chofer y su guardaespaldas.
En la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, el menor de edad fue interceptado por un retén de personas que dijeron ser elementos de la Policía Federal (PF). El empresario realizó un pago de 6 millones de dólares (unos 63 millones de pesos, según el tipo de cambio de ese momento) para su rescate.
Sin embargo, el cadáver del adolescente fue hallado dentro de la cajuela de un automóvil con reporte de robo, en la colonia Villa Panamericana, de la delegación Coyoacán, 53 días después. El 21 de agosto de 2008, Martí García espetó un “si no pueden, renuncien”, al entonces presidente Calderón Hinojosa, a funcionarios de los tres niveles de gobierno, entre ellos García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal.
Así como a los 31 gobernadores y al entonces jefe de gobierno capitalino, Ebrard Casaubón, reunidos en el Consejo de Seguridad Nacional, encuentro en el que firmaron los 75 puntos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, con un plazo de 100 días que terminó el 28 de noviembre de ese mismo año.
Sobra decir que el Gobierno de Calderón Hinojosa finalizó con 120 mil 463 asesinatos. ¿Cuántas veces lo atacó la oposición por esa terrorífica cifra? Pero en la actualidad, nada es mejor. Según el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del 1 de diciembre de 2018 al 25 de junio de 2023, parte del tiempo que lleva la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y la federal registraron 158 mil 888 homicidios dolosos en México. Si las cosas siguen así, el sexenio del tabasqueño podría superar las 200 mil muertes violentas.
Desde que Martí García -en paz descanse- dijo esa lapidaria frase, han pasado 14 años, 11 meses y 4 días. Ninguno de los poderosos de ese entonces renunció. Nadie pudo y al parecer tampoco han querido combatir al crimen organizado. Hoy reina la estrategia de los “abrazos, no balazos”. A los narcotraficantes ya no se les ataca. Al contrario, el presidente de la República le da la mano a la madre de uno de los capos más crueles y sanguinarios que ha tenido México. Fotografía innegable de la impunidad en que vivimos.
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